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En
el debate constituyente además de la corriente por la liberalización de los
controles, se encuentran los abanderados de los controles y las fiscalizaciones
institucionales sobre la economía. Para esta ala el problema estriba, no en la
existencia de controles, sino en su contundencia y la eficacia de su ejecución.
Más y mejores controles, lo que debe entenderse como más y mejores
instituciones, más y mejores funcionarios. Analicemos:
-Es
una obviedad la tendencia a la corrupción del funcionariado, especialmente en
estos tiempos de crisis caracterizadas por la reducción de los ingresos
públicos. El poder de sobornar y corromper de la burguesía es proporcional a lo
lucrativas que sean sus proposiciones en comparación a los ingresos oficiales
de los funcionarios, he allí una de las razones de la ineficacia de los controles.
-La raíz de la corrupción es el monopolio que
ejercen los funcionarios sobre la toma de decisiones. En muchos casos es solo
una persona la que decide si se ejecuta una medida o si se lleva a cabo una
denuncia. Existe una malsana tendencia al “secreto a voces”, a las situaciones
que son del conocimiento general pero que no son abordadas por el Estado, las
irregularidades que son muy bien conocidas pero por decisiones particulares de
funcionarios determinados, a espaldas del pueblo, no conllevan consecuencia
alguna para los implicados.
-Aquí
la respuesta que se proponen los partidarios de los controles es el aumento de
las instancias contraloras (mayor número de funcionarios) no sólo para vigilar
al mercado sino también a los mismos fiscalizadores. Paralelamente estaría la
mejora en la cualificación y remuneración del funcionariado. Ahora bien, ¿cómo
se sostendrá tal ejército de fiscales, inspectores, reguladores, etc.? ¿Deberá
pagarlo la burguesía responsable de violar las regulaciones o será un gasto más
que pesará sobre el horario público? ¿Se buscará complementar el accionar y el
alcance de los fiscales con la presencia de contralorías populares? ¿Y se les
daría poder efectivo a éstas o simplemente se les subordinará a los dictados
burocráticos y al capricho de los encargados? Son cuestiones estas sobre las
que pesan grandes dudas.
-
Pero volvamos al quid del asunto, no olvidemos que se trata ante todo de un
problema de producción; de planificación y control de la producción. El largo
brazo de la ley descarga su puño de hierro sobre el pequeño revendedor, el bachaquero,
con cárcel, humillación pública y hasta notorios maltratos; pero con el gran
especulador, el que toma, desvía, acapara y vende a sobreprecio el grueso de la
producción, ejerce más bien su oficio un delicado guante de seda que tiene buen
cuidado de no perturbar el reino burgués dentro de fábricas y almacenes. ¿Quién
tiene más responsabilidad? ¿El que revende productos que ya están a sobreprecio
en los distribuidores para mantener la cabeza fuera del agua y no ahogarse con
su familia por la crisis, o el que genera dicha crisis al imponer el
sobreprecio a miles de productos destinados a venderse por el regulado? ¿Es que
acaso el bachaquero con un par de sacos de harina produce un desajuste mayor
que el gran industrial con sus millones de toneladas acaparas?
Debemos
concluir que no se puede fiscalizar lo que no se conoce; mientras el mundo de
la producción sea un coto cerrado, prohibido para la gran población, apartado
de la cosa pública, se andará a ciegas en lo relativo al desarrollo económico.
Mientras no se toquen las raíces de la actual crisis todo lo demás es simple
maquillaje.
Redacción: Jeison Rondón / CRPP
jdrp_57@hotmail.com
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